Para elaborar la Política Estatal Anticorrupción se trazó una ruta crítica de acciones establecidas en nueve etapas que permitieron dimensionar la percepción y la situación actual de las causas de la corrupción en el estado, las cuales fueron: Integración del Consejo Consultivo; Problematización de la corrupción; Consulta en línea; Encuesta a comunidades indígenas y poco comunicadas; Conversatorios con actores representativos regionales; Estudio sobre el fortalecimiento institucional a órganos internos de control y unidades de transparencia municipales; Revisión documental; Aportaciones de los integrantes del Comité Coordinador y el Diagnóstico. Logrando así incorporar diversos mecanismos de participación ciudadana con actores clave de los sectores social, privado, académico y público, considerando en cada una de estas etapas de manera transversal la perspectiva de género y pluriculturalidad del estado.

Concluido el Diagnóstico, se realizaron espacios de diálogo y co-creación con mujeres y hombres especialistas en temas específicos de los cuatro ejes temáticos de la Política Nacional Anticorrupción, buscando que aportaran sus conocimientos en los temas asignados a través de la deliberación participativa, en dónde se determinaron 67 prioridades de política pública para el combate y control de la corrupción en nuestra entidad, las cuales se implementarán a corto, mediano y largo plazo. Estas prioridades se alinean al Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como al Eje 1 Gobierno eficaz y honesto; Tema 1.2. Austeridad y combate a la corrupción del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.

Con el diagnóstico y la priorización se integró la Política Estatal Anticorrupción (PEA) la cual se desarrolló con base en la “Guía para el Diseño de Políticas Estatales Anticorrupción”, cuidando las características y contextos particulares de nuestra entidad, alineándonos a los cuatro ejes de la Política Nacional Anticorrupción que son: Combatir la corrupción y la impunidad; Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; Involucrar a la sociedad y el sector privado; y a los 10 objetivos específicos, con principios transversales en: Derechos Humanos, Participación Social y Grupos Vulnerables.